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Un juez federal ordenó el jueves cambios importantes en las condiciones reportadas en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino, y emitió una orden judicial preliminar que exige que los funcionarios federales de inmigración proporcionen a las personas agua potable y atención médica adecuada.
La jueza federal Sunshine Suzanne Sykes dictaminó que los detenidos que presentaron la demanda demostraron tener probabilidades de ganar en sus alegaciones de que las condiciones en el centro penitenciario violan la Quinta Enmienda, que protege contra las condiciones inhumanas de reclusión. Si bien el caso seguirá su curso en los tribunales, la jueza emitió el fallo ahora, al considerar que las personas detenidas podrían sufrir daños irreparables sin la intervención judicial.
La demanda se presentó tras dos muertes ocurridas en el centro con pocas semanas de diferencia el otoño pasado: Ismael Ayala-Uribe, un ex beneficiario de DACA de 39 años, y Gabriel García-Avilés, de 56 años. Ambas muertes siguen bajo investigación federal, mientras aumenta el escrutinio sobre las condiciones dentro de los centros de detención de inmigrantes durante la administración Trump.
En su demanda, los abogados de los detenidos afirmaron que Adelanto violó las directrices de detención del ICE al no proporcionar agua potable, comidas nutritivas, saneamiento, acceso a atención médica y medicamentos, ni un examen médico de ingreso al centro. También alegaron violaciones de las normas relativas al tiempo de recreación al aire libre, el tiempo de visita para las familias, el recuento diario para asegurar que los detenidos estén vivos y las adaptaciones para personas con discapacidades.
En respuesta, Sykes ordenó el acceso las 24 horas a agua potable limpia, comidas con un aporte calórico suficiente y acceso gratuito a jabón y productos de higiene. La orden judicial también exige que las instalaciones se limpien diariamente y que se identifique y elimine el moho. Los detenidos recibirán mantas y ropa adecuada para la temperatura, así como acceso a un patio de recreo al aire libre durante al menos cuatro horas diarias.
La orden prohíbe a Adelanto, ubicada a unos 145 kilómetros al noreste de Los Ángeles, limitar las visitas familiares durante el horario laboral habitual, incluyendo la eliminación de restricciones horarias y el contacto físico, como abrazos o tomarse de la mano, con los familiares. Asimismo, establece que el centro no puede cancelar una visita si un familiar necesita usar el baño durante la misma.
La mayoría de las personas detenidas en centros de detención de inmigrantes en California no han sido acusadas de cometer delitos, sino únicamente de infracciones civiles de inmigración.
El tribunal ordenó a Adelanto realizar al menos dos recuentos diarios, uno durante la noche y otro durante el día, para garantizar que los detenidos estén presentes y no incapacitados. El tribunal también ordenó restricciones para el aislamiento de los detenidos, salvo que exista un riesgo para la vida del personal o que el detenido lo solicite.
El fallo exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los demás demandados proporcionen de inmediato a los detenidos las mejoras en sus condiciones de detención que ordenó el juez.
El Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios sobre el fallo. El abogado del DHS, Pushkal Mishra, argumentó ante el tribunal la semana pasada que el gobierno federal no podía ser considerado responsable por las acciones de su contratista, GEO Group, que administra Adelanto y otros 18 centros de inmigración en todo el país.
En una moción para desestimar el caso, el DHS argumentó que no debería tener que “asumir la gestión diaria de un contrato federal que está en manos de un contratista privado”.
GEO Group no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El acceso para personas con discapacidad en los centros de detención de ICE ha sido un problema recurrente desde que la administración Trump asumió su segundo mandato. Según la denuncia , una persona describió haber sido esposada y con grilletes en los tobillos para comparecer ante el tribunal a pesar de usar bastón. Otros alegaron que a las personas con problemas de movilidad se les asignaban sistemáticamente las literas superiores. La nueva orden judicial exige que el gobierno proporcione adaptaciones razonables a las personas con discapacidad.
El tribunal ha dado al gobierno federal 14 días para elaborar un plan que atienda las necesidades médicas y de discapacidad de los detenidos. La orden exige que todos los detenidos sean evaluados al llegar para detectar enfermedades físicas o mentales, que reciban tratamiento y medicación continuos, y que se les trate y aísle para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. La orden también estipula que todos los detenidos deben tener acceso a atención médica primaria, secundaria y terciaria, y ser informados de sus derechos como pacientes.
Sykes ordenó que el gobierno designara dos supervisores independientes durante el transcurso del litigio para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Asimismo, se debe brindar a los detenidos la oportunidad de presentar quejas a los supervisores en inglés o español, las cuales se guardarán en una caja fuerte a la que solo ellos tendrán acceso.
Un informe del fiscal general de California publicado este año reveló que seis personas han fallecido en centros de detención del estado desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump. A nivel nacional, 22 personas han muerto este año en centros de detención de inmigrantes.
Esta semana, el gobierno federal mexicano pidió a los fiscales generales estatales que investiguen penalmente los casos en los que ciudadanos mexicanos han muerto bajo custodia del ICE.
