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Los opositores a la Proposición 40 tienen un mensaje para los votantes: No se dejen engañar. El impuesto a los multimillonarios es un “caballo de Troya” para nuevos impuestos a todos los californianos, proclaman los anuncios . Pero, ¿es cierto?
La iniciativa incluye una cláusula que otorga a la Legislatura la facultad de enmendar el impuesto mediante una votación de dos tercios, “siempre que la ley sea coherente con los objetivos de la Ley de Impuestos a los Multimillonarios de 2026 y contribuya a su aplicación”. Los opositores argumentan que los legisladores y un futuro gobernador podrían, con un simple decreto, extender el impuesto sobre el patrimonio a personas con mucho menos de mil millones de dólares.
En un estado con impuestos altos, ese argumento podría tener mucha influencia entre los votantes.
El sindicato SEIU-UHW presentó la Proposición 40 en la boleta electoral; esta iniciativa impondría un impuesto único del 5% sobre los activos de los multimillonarios. El sindicato rechaza la premisa del anuncio. Afirma que el impuesto se limita a los multimillonarios y que cualquier enmienda legislativa tendría que ajustarse estrictamente a ese propósito. Dave Regan, presidente de SEIU-UHW, declaró que los anuncios de los opositores de la medida son meras tácticas alarmistas.
“El impuesto a los multimillonarios es un impuesto que se aplica a los multimillonarios. Punto. Si no eres multimillonario, no pagas ese impuesto”, declaró Regan en un comunicado a CalMatters.
Rob Lapsley, presidente de la Mesa Redonda Empresarial de California, el grupo que financió el anuncio, dijo que el mensaje tenía como objetivo resaltar las implicaciones políticas de un impuesto a la riqueza y el poder que la Proposición 40 otorga a los legisladores.
“Los californianos merecen comprender estos problemas y lo que podrían significar para los contribuyentes y la economía del estado”, dijo Lapsley en un comunicado.
Otro grupo, respaldado por multimillonarios y opuesto a la Proposición 40, también ha afirmado que la iniciativa “otorga a los políticos el poder de extender el impuesto a cualquier persona”.
La verdad se encuentra en algún punto intermedio.
Los tribunales de California han otorgado a los legisladores autoridad real para enmendar leyes creadas mediante iniciativas populares si el texto original de la iniciativa lo permite. Sin embargo, ese poder no es ilimitado y la medida incluye un lenguaje que restringe futuras modificaciones legislativas, según Michael Colantuono, abogado experto en derecho electoral estatal.
Los anuncios de la oposición tampoco mencionan que la Proposición 40 incorpora el impuesto a la Constitución estatal, no solo a la ley estatal, por lo que ampliarlo probablemente requeriría otra votación.
Autoridad legislativa
Los expertos legales coinciden en que, si se aprueba la Proposición 40, los legisladores podrían realizar ciertas enmiendas sin tener que someterla nuevamente a votación popular.
La Constitución estatal permite a la Legislatura enmendar una iniciativa electoral sin necesidad de una nueva votación, siempre que la iniciativa lo permita. Esta es una cláusula relativamente común en las propuestas electorales, y la Proposición 40 la incluye.
Megan Jones, abogada fiscalista de Holland & Knight, afirmó que las afirmaciones de los defensores de que el impuesto nunca podría modificarse son engañosas.
“Si eso va a contribuir a lograr los objetivos, entonces podrían hacerlo”, dijo Jones.
Por ejemplo, los votantes aprobaron la Ley de Reforma Política, que rige las normas sobre financiación de campañas y cabildeo, en 1974, y los legisladores la han enmendado casi continuamente desde entonces.
De igual modo, los legisladores han enmendado la Ley de Servicios de Salud Mental, un impuesto sobre la renta del 1% aprobado por los votantes para los millonarios, diez veces desde su aprobación en 2004. Ninguna de esas enmiendas modificó la tasa impositiva. Más recientemente, los legisladores votaron a favor de modificar sustancialmente la forma en que el estado gasta los fondos para salud mental y recaudar fondos adicionales mediante bonos. Estos cambios se sometieron nuevamente a votación en 2024 como la Proposición 1.
Pero, según los expertos, no siempre existe una línea divisoria clara sobre cuándo los votantes deben aprobar los cambios.
“Es habitual que la Legislatura realice enmiendas”, dijo Colantuono. “También es habitual que surjan disputas sobre esas enmiendas”.
‘Promueve los propósitos de’
“En última instancia, el asunto termina en los tribunales”, dijo Chris Parker, abogado fiscalista principal del bufete Baker Tilly.
En un caso de 1995, la Corte Suprema de California dictaminó que la Legislatura puede enmendar las leyes aprobadas por los votantes si los cambios pueden interpretarse como una forma de promover los objetivos originales de los votantes “mediante cualquier interpretación razonable”, lo que otorga a los legisladores una amplia libertad de acción.
En 2021, el Tribunal Supremo estatal dictaminó que la Legislatura había enmendado correctamente la Proposición 57 , una medida de reforma de la justicia penal, al prohibir el traslado de menores de 16 años a tribunales de adultos. Los magistrados citaron el caso de 1995, señalando que “una sólida presunción de constitucionalidad respalda las acciones de la Legislatura”.
Sin embargo, la forma en que se formula la proposición importa.
Unos años antes, en 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito dictaminó que un intento legislativo de permitir la financiación pública de campañas políticas “entra en conflicto directo con un propósito fundamental” de la Ley de Reforma Política. Los legisladores respondieron aprobando un nuevo proyecto de ley que solicitaba la opinión directa de los votantes; este aparece en la boleta electoral de este año como la Proposición 4.
Según Coluantuono, los jueces tienen en cuenta dos cosas: qué creían los votantes razonables que estaban aprobando y si los cambios legislativos posteriores contribuyeron a ese objetivo o lo obstaculizaron.
Ciertas disposiciones de la Proposición 40 dificultarían que los legisladores extendieran el impuesto más allá de los multimillonarios. El caso de 1995 estableció que los tribunales pueden sopesar el texto de una medida electoral, los argumentos impresos en la guía del votante y el contexto histórico al decidir si el cambio es coherente con la intención del votante.
La sección sobre el propósito y la intención de la Propuesta 40 indica que la medida busca apoyar la atención médica y la educación “mediante la recaudación de ingresos a través de un impuesto único sobre la riqueza de los multimillonarios”, haciendo referencia a dicha riqueza en tres ocasiones. Los argumentos de la guía para votantes también apuntan a “aproximadamente 200 multimillonarios de California”.
“Probablemente podrían ajustar la estructura del impuesto de forma marginal, pero lo que no podrían hacer es convertirlo en más de un impuesto único, y probablemente no podrían reducir el umbral de riqueza”, dijo Coluantuono.
Los opositores sostienen que los legisladores podrían interpretar el propósito de la ley de forma mucho más amplia, y un tribunal estaría de acuerdo. Señalan el primer propósito de la iniciativa, que establece que el impuesto tiene como objetivo “proteger el acceso a una atención médica equitativa y de alta calidad, y financiar la educación pública desde el jardín de infancia hasta el decimocuarto grado, así como los programas de asistencia alimentaria”. Los opositores también afirman que la propuesta otorga a la Legislatura la facultad de modificar todas las partes de la iniciativa, incluidas las disposiciones constitucionales.
“Los hallazgos y la declaración de propósito e intención de la Propuesta 40 fueron cuidadosamente elaborados para garantizar que
“Extender el impuesto a quienes no son multimillonarios sería coherente con la medida”, dijo Kurt Oneto, abogado de la campaña “No a la Propuesta 40”, en un comunicado.
Los expertos dijeron que la cuestión probablemente dependería de cómo un tribunal interpretara los propósitos de la ley.
Otra cuestión importante es: ¿cómo se demuestra la riqueza?
Si se aprueba la Proposición 40, se crearía una estructura tributaria completamente nueva en California, que asignaría un valor a las inversiones de las personas muy ricas, a las empresas públicas y privadas, así como a los bienes personales como colecciones de arte o de automóviles.
Según Parker, valorar una empresa emergente tecnológica que aún no ha producido un producto ni ha salido a bolsa podría resultar especialmente difícil.
“El impuesto especial que se propone aquí se basa en el potencial”, dijo. “La pregunta entonces es: si abrimos la puerta a gravar el potencial, ¿cuándo terminará eso?”
Los legisladores han intentado periódicamente aprobar impuestos sobre el patrimonio, pero los proyectos de ley se estancaron rápidamente. Esta es la primera vez que los votantes decidirán directamente sobre uno, lo que convierte a la Proposición 40 en una prueba crucial para determinar el grado de aceptación de este tipo de estructura tributaria entre los californianos. Jones afirmó que la mayor preocupación no es el impuesto en sí, sino otros impuestos que podrían implementarse posteriormente.
“Es una pendiente resbaladiza”, dijo.
Coluantuono afirmó que seguiría siendo políticamente arriesgado para los legisladores intentar implementar un impuesto sobre el patrimonio a los californianos de a pie, pero la historia demuestra que los impuestos temporales se han convertido en permanentes en más de una ocasión.
“Cuando el gobierno genera ingresos y comienza a gastarlos en servicios que la gente valora… existe una enorme presión política para evitar su desaparición”, afirmó.
Esta noticia se ha actualizado para incluir los últimos comentarios de los opositores al impuesto.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación de Atención Médica de California (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención médica que necesitan, cuando la necesitan y a un precio asequible. Visite www.chcf.org para obtener más información.
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